Presentamos las “Agendas por un País con Igualdad”, una serie de documentos que juntan las demandas prioritarias de grupos en situación de vulnerabilidad. Estas agendas son el resultado de un proceso colaborativo que contó con la participación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, así como el trabajo conjunto entre el Jurado Nacional de Elecciones, la MESAGEN, PNUD Perú, IDEA Internacional, Transparencia y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza; con el apoyo de la Unión Europea en Perú y la Cooperación Española en Perú.
A través de esta iniciativa, pudimos facilitar la articulación y el diálogo entre organizaciones sociales, construyendo un valioso espacio de representatividad y participación política para sectores históricamente excluidos. Nuestra aspiración es que los puntos contenidos en los documentos que estos grupos elaboraron puedan ser incorporados en las labores del Gobierno y el Congreso, a fin de que se promuevan políticas públicas y legislación más cercanas a las necesidades reales de la población peruana. Por ello, hemos difundido las agendas a lo largo de una serie de conversatorios, llamados “Diálogos Democráticos”, en los que invitamos a participar tanto a autoridades nacionales como al conjunto de la ciudadanía peruana.
Por un Perú con más igualdad
- Aplicación del enfoque de igualdad de género en la educación básica regular y universitaria con acceso y permanencia en la educación, así como universal a internet y promoción de su uso para las niñas y mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, LBTI, entre otros grupos en situación de desventaja o vulnerabilidad.
- Implementación de políticas sobre derechos sexuales y reproductivos, abarcando la educación sexual integral intercultural que erradique el embarazo infantil, evite la maternidad adolescente y brinde acceso efectivo a métodos anticonceptivos y anticoncepción oral de emergencia.
- Despenalización del aborto, especialmente, por violación sexual y acceso al aborto legal, libre, seguro, oportuno y gratuito.
- Servicios de salud integral para las mujeres adultas mayores, rurales, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, LBTI, migrantes, en comercio sexual, presidiarias, pobres, víctimas de violencia o de esterilización forzada, entre otros grupos en situación de desventaja o vulnerabilidad, incluyendo la salud mental y especialmente la salud sexual y reproductiva.
- Aplicación efectiva de medidas especiales para garantizar la participación política de las mujeres, tales como cuotas, alternancia y paridad horizontal en todas las instancias de gobierno, especialmente respecto a las mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad y mujeres LBTI, hasta alcanzar un mayor número de alcaldesas y brindar atención integral del acoso político hacia las mujeres.
- Implementación de la Política nacional de igualdad de género para el trabajo digno de las mujeres con la disminución de las brechas salariales entre hombres y mujeres, empezando por las mujeres en la salud pública y los regímenes laborales que precarizan la mano de obra femenina, especialmente las trabajadoras del hogar con la supervisión y cumplimiento del reglamento y política de la Ley de las trabajadoras del hogar.
- Realización de nueva Encuesta de Uso del Tiempo para conocer el impacto del trabajo no remunerado de las mujeres en el ámbito rural y urbano, en general y del trabajo remunerado de las trabajadoras del hogar, en especial.
- Impulso, creación e implementación de un Sistema Nacional de cuidado en el ámbito rural y urbano de acuerdo con la Política Nacional de Igualdad de Género prevista al 2030, que debe aplicarse con enfoque de género en el Estado, empresas y sociedad.
- Mejora de los servicios de todo el sistema de justicia con mayor especialización y certificación de operadores de justicia, implementación del Centro de altos estudios para la violencia de género y la reestructuración del Programa Aurora con los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en cobertura y calidad de atención.
- Reforzamiento de políticas de prevención y atención de la violencia de género con acceso oportuno y mejora de los servicios, registros y kits de emergencia especialmente, para los casos de violencia sexual, desapariciones de mujeres, la trata y explotación de mujeres, así como la investigación, procesamiento, sanción y reparación por los casos de mujeres que han sido víctimas de esterilizaciones forzadas y víctimas de violación sexual en conflicto armado.
- Señalamos una reiterada preocupación por la Atención Integral de SALUD, para lo cual proponemos:
- Promoción de desarrollo de capacidades en adolescentes y jóvenes en estrategias de salud sexual integral.
- Implementación de servicios diferenciados de salud sexual integral en los centros de salud del país, en particular en la zona rural y de difícil acceso.
- Impulso de iniciativas de intervención pública para la reducción del embarazo adolescente.
- Cobertura de servicios de orientación y atención temprana de problemas de salud mental, repotenciando los centros de salud comunitarios orientados a la atención de NNA, jóvenes y población adulta mayor. Esta acción se debe reforzar desde el Estado con una estrategia de comunicación masiva y con una perspectiva de salud pública, género, equidad, derechos humanos, protección e interculturalidad.
- Implementar el lenguaje de señas y lenguas originarias, con la finalidad de garantizar la calidad del servicio y atender a la diversidad de adolescentes.
- Mejorar la alimentación de adolescentes y jóvenes mediante la realización de Ferias con productos locales.
- Garantizar el acceso de adolescentes y jóvenes al seguro integral de salud.
- Señalamos una reiterada preocupación por el papel de la Educación en la formación de la población joven. Por ello proponemos:
- Implementación de cobertura de internet en los lugares más alejados del país, garantizando el uso la banda ancha y una adecuada conectividad para la educación impartida en los centros educativos, universidades y centros de educación técnicos.
- Monitoreo permanente desde las instituciones educativas a la participación de los y las estudiantes en la educación virtual a fin de identificar la problemática que presentan y poder brindar las facilidades.
- Implementar una política de educación de calidad con enfoque de derechos, integral, gratuita y bilingüe, que garantice una adecuada educación a jóvenes con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, LGTBI.
- Fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías y contenidos de educación bilingüe intercultural.
- Incrementar las oportunidades de becas a nivel nacional, en especial las relacionadas al Programa Beca 18; promoviendo la cooperación con mayores países, para incrementar becas internacionales.
- La reforma universitaria educativa se debe aplicar con calidad que permita el ingreso de docentes calificados.
- Señalamos una reiterada preocupación por las oportunidades de acceso al empleo, inserción a la vida laboral y la obtención de ingresos económicos. Por ello proponemos:
- Visibilizar las entidades que brindan oportunidades para los jóvenes en temas de emprendimiento generando alianzas para capacitaciones.
- Ampliar el desarrollo de prácticas preprofesionales desde el inicio de la formación técnica y universitaria, y que estas sean consideradas como experiencia laboral.
- Creación de una plataforma virtual exclusiva para jóvenes sobre acceso al empleo e ingresos dignos.
- Mejoramiento del rol del Ministerio de Trabajo para la promoción de modalidades formativas laborales en el sector público y privado, así como la gestión de bolsas de trabajo, convenios con empresas, compañías e instituciones para generar mayores puestos de empleo a nivel nacional, regional y local.
- Acceso a educación técnica, idiomas, herramientas digitales y otras experiencias formativas para mejorar las oportunidades de acceso al empleo.
- Establecer políticas entre el gobierno y universidades para la preparación y especialización de los últimos ciclos en centros laborales, que les garanticen su inclusión inmediata al mercado laboral.
- Señalamos una reiterada preocupación por la participación de la población joven en la política, la educación y formación en ciudadanía, el fortalecimiento de las organizaciones juveniles y los espacios para hacerla posible. También señalamos una preocupación por la corrupción existente y la crisis política en el país. Por ello proponemos:
- Garantizar la participación de organizaciones juveniles en espacios de consulta y seguimiento de políticas públicas.
- Fortalecer e implementar espacios consultivos como COREJUS, CPJs, CDJs, CCONNAs, y otros espacios de participación.
- Promoción de espacios de formación en ciudadanía, política, participación y de diálogo desde los centros de educación superior.
- Fortalecer la participación juvenil mediante desarrollo de capacidades en todos los niveles de gobierno.
- Capacitación y sensibilización a las autoridades y responsables en materia de juventudes para la implementación de políticas públicas a favor del segmento juvenil.
- Creación de un Observatorio para el cumplimiento de políticas públicas dirigidas a atender las problemáticas juveniles.
- Señalamos una reiterada preocupación por la discriminación, racismo y exclusión que persiste en la sociedad, la discriminación por el color de piel de las personas, por su origen, género y edad. Por ello proponemos:
- Fomentar la igualdad, prevenir la discriminación e impulsar la igualdad de derechos y oportunidades.
- Fomentar espacios publicitarios sobre las culturas y etnias existentes en el país.
- Impulso al reconocimiento de las organizaciones LGTBI a través de la educación inclusiva, el acceso laboral y servicios de salud especializados para esta población.
- Priorizar el apoyo integral del estado a adolescentes y jóvenes con habilidades diferentes.
- Estrategias y programas de inclusión educativa con enfoque intercultural para jóvenes y adolescentes de comunidades indígenas.
- Contrarrestar la problemática por la que tienen que pasar los adolescentes y jóvenes con discapacidad, promoviendo leyes de accesibilidad, profesionales idóneos para la atención de esta población, oportunidades laborales, impulsando la creación de ciudades inclusivas.
- Señalamos una reiterada preocupación por la contaminación ambiental, del aire, agua y suelo, el calentamiento global, la destrucción de áreas naturales, la deforestación y las políticas de gestión y adaptación al CAMBIO CLIMÁTICO y la participación de la población joven en estas. Por ello proponemos:
- Priorizar la gestión integral de la gestión de residuos sólidos, promoviendo el desarrollo de tecnologías limpias, valorización de los residuos, inversión en infraestructuras para el tratamiento, mejora de la disposición final a través de la creación de mayores rellenos sanitarios y de seguridad.
- Promover la participación a través del voluntariado ambiental juvenil y promotores ambientales para la sensibilización en el uso eficiente del agua, energía, buen manejo de residuos, uso de movilidad sostenible.
- Desarrollo de ciudades sostenibles, con un adecuado ordenamiento territorial que ponga énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria.
- Defensa y protección de las áreas naturales del país impulsando la forestación.
- Mejorar los planes de gestión de riesgo a nivel nacional con enfoque de protección y de género, que garantice mayor control del asentamiento de poblaciones en zonas de riesgos y proteja a la población vulnerable.
- Diseñar políticas públicas y fortalecimiento de los sectores para promover el desarrollo de una agricultura ecológica, disminuyendo el uso de productos químicos.
- Fomento a la participación de los pueblos indígenas en la gestión del cambio climático y el calentamiento global.
- Gestión de los recursos hídrico a través del mejor manejo y aprovechamiento del agua, poniendo énfasis en la siembra y cosecha de agua en las cabeceras de cuenca.
- Desarrollo de capacidades por redes sociales y promoción de la participación comunitaria en prevención de riesgos y desastres.
- Aprobación del Proyecto de Ley de reconocimiento de las y los afroperuanos como pueblo en la Constitución Política del Perú que se enmarca dentro del Convenio 169 de la OIT, como una manera de garantizar el respeto a nuestra cultura y derechos colectivos.
- Ley de reparaciones por el proceso de esclavización para el pueblo afroperuano.
- Establecer mecanismos que garanticen la inclusión, vigilancia y monitoreo en los planes, programas de desarrollo concertado y presupuestos participativos del pueblo afroperuano con especial énfasis en mujeres afroperuanas.
- Ley marco de protección y promoción del desarrollo y los derechos del pueblo afroperuano que considere un enfoque interseccional.
- Aprobación de la Ley de prevención, sanción y erradicación del racismo y la discriminación racial.
- Incorporación de la variable étnico-racial en todos los registros documentarios y administrativos incluyendo la capacitación y sensibilización a las y los servidores públicos.
- Incorporación del reconocimiento del aporte del pueblo afroperuano con enfoque interseccional y antirracista en la historia del país en los planes, programas y proyectos educativos; así como de cuotas para jóvenes afroperuanos a manera que se garantice su educación superior.
- Generar y garantizar acciones afirmativas y políticas específicas dirigidas a las mujeres afroperuanas de manera estructural en todos los sectores del Estado. Que incluyan medidas para Impulsar y desarrollar el empoderamiento económico urbano y rural de las mujeres afroperuanas, a través del fortalecimiento de iniciativas autogestionarias y/o de asociatividad.
- Políticas específicas de género dirigidas a las mujeres afroperuanas para mejorar la atención de la salud integral, salud sexual y reproductiva.
- Ley que establece una cuota étnica en los cargos de elección popular, así como la asignación de escaños que garantice la participación y representación política para el pueblo afroperuano y de las mujeres afroperuanas en particular.
- Garantizar la participación de los Pueblos indígenas u originarios –vivan o no en sus territorios ancestrales- en la toma de decisiones públicas que los involucran en los tres niveles de gobierno, asegurando la incorporación de la visión y prioridades de desarrollo de dichos pueblos en los procesos de toma de decisiones estatales. Garantizar espacios de diálogo, participación y acuerdos con los pueblos indígenas. Crear espacios de formación política y de gestión pública dirigidos a los pueblos indígenas u originarios.
- Diseñar y aprobar el procedimiento de consulta legislativa para garantizar la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Fortalecer el marco normativo para la implementación de los derechos a la participación y a la consulta previa, y fortalecer las capacidades de quienes participan en dicho proceso. Crear el sistema de monitoreo de los acuerdos de consulta previa.
- Ley de reforma electoral en el que se creen escaños exclusivos para pueblos indígenas u originarios, con paridad entre hombres y mujeres, así como promoviendo la participación de las y los jóvenes.
- Ley que desarrolle la coordinación entre el sistema de justicia ordinario y el especial.
- Fortalecer las capacidades para la participación política de las mujeres indígenas u originarias, promoviendo su inclusión económica. Adoptar medidas para prevenir, atender y proteger a la mujer indígena contra todo tipo de violencia. Fiscalizar la función educativa que deben realizar los programas educativos en las zonas rurales para dar información sobre los derechos sexuales y reproductivos, violencia y servicios que el Estado dispone para la atención de la mujer.
- Ley que promocione el respeto por la diversidad cultural y prevenga y sancione el racismo y la discriminación étnico-racial.
- Ley de soberanía alimentaria en la que se promueva actividades agropecuarias y forestales de interés de los pueblos indígenas u originarios. Priorizar la protección de la agrobiodiversidad.
- Fortalecer el marco normativo para la protección de los derechos de los PIACI, fortalecer el Régimen Especial Transectorial de protección de dichos derechos, y generar y difundir información sobre los PIACI
- Garantizar la participación de los pueblos indígenas u originarios en la gestión integral del cambio climático, en el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, y promover el uso de conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales en la lucha contra el cambio climático.
- Dictar medidas efectivas de protección de los pueblos indígenas u originarios ante amenazas que reciben de actores ilegales que vulneran sus derechos y la seguridad jurídica de sus territorios, afectando la vida de los ciudadanos indígenas. Garantizar la participación informada de los pueblos indígenas u originarios en el saneamiento físico legal de sus territorios y adecuar el marco normativo para que dicho proceso sea célere y predecible.
- Crear un marco normativo específico y completo para promover la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad a través de la asistencia personal humana financiada por el Estado, y garantizar con presupuesto la implementación de los servicios de cuidado y asistencia personal a través de los gobiernos nacional, regionales y locales, según sean las necesidades específicas. Estos servicios pueden ser: atención domiciliaria, servicios de rehabilitación, asistencia personal, entrega de medicamentos, ayudas biomecánicas, tecnología de apoyo, entre otros cuando sea necesario.
- Desplazar los paradigmas asistencialistas de los proyectos de ley en la materia de discapacidad y considerar un enfoque interseccional para reconocer las identidades dentro del colectivo – como el caso de mujeres, personas lgtbiq, niñas y niños, integrantes de pueblos indígenas, comunidades rurales, adultos mayores, migrantes, pueblo afrodescendiente y miembros de grupos étnicos minoritarios o discriminados, con discapacidad – en su particularidad y tratar sus situaciones con mecanismos y respuestas estratégicas diferenciadas. En específico, responder diferenciadamente a las mujeres y diversidad sexual con discapacidad, asegurando mecanismos de atención a la violencia de género, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sin discriminación reconociendo las necesidades diversas.
- Asegurar procesos de consulta con el colectivo de personas con discapacidad y sus familias, y establecer mecanismos adecuados para su participación en los programas, planes, políticas y proyectos que les atañen. Es fundamental que este proceso tenga una reglamentación clara, indicando procedimientos, plazos, mecanismos, metodologías, convocatorias públicas y transparentes, medidas de accesibilidad, ajustes y apoyos, en todas las etapas del proceso desde el inicio. Solo garantizando el derecho a la consulta previa, y no únicamente en la fase final de los productos a consultar, se estará respetando el derecho a la participación y la consulta.
- Implementar acciones de fiscalización a entidades gubernamentales nacionales, regionales y locales desde una contraloría de la discapacidad para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de discapacidad.
- Asegurar un marco normativo adecuado que asegure, promueva y regule el derecho a la educación de las personas con discapacidad, el acceso oportuno al sistema educativo y la disponibilidad de apoyos a los estudiantes con discapacidad en la escuela regular, cetpros, institutos de educación superior, universidades para asegurar trayectorias educativas en igualdad de condiciones. Se debe asegurar también accesibilidad en la infraestructura arquitectónica, comunicaciones, información, así como el uso de Diseño Universal para el Aprendizaje. La lectoescritura debe ser un objetivo en la educación de las personas con discapacidad.
- Generar inclusión laboral mediante la implementación de medidas de accesibilidad y ajustes razonables ya recogidos en las normas técnicas correspondientes, valorando funcionalmente las competencias y aptitudes de las personas con discapacidad; y normar en materia de jubilación la particularidad de las personas con discapacidad.
- Fortalecer los servicios que brindan respuesta a la problemática en materia de salud mental de personas con discapacidad y familiares. Fiscalizar la implementación de la ley de salud mental y su reglamento, en específico, en torno a la adecuación de los centros de salud mental comunitarios y la promoción de redes de apoyo.
- Fortalecer programas de alfabetización para personas con discapacidad, reforzando la modalidad de educación alternativa y la educación comunitaria.
- Reconocimiento de las familias compuestas por personas LGBTIQ a través de figuras como el matrimonio civil igualitario y unión de hecho igualitario, que reconozcan el derecho a la adopción y filiación de hijos de personas LGBTIQ+.
- Modificación de la ley de Organización y Funciones del MIMP a fin de ampliar competencias para la defensa y promoción de derechos LGBTIQ+.
- Acceso al derecho a la salud física, mental y sexual/reproductiva, con un enfoque afirmativo y con protocolos diferenciados por identidad para personas LGBTIQ+, que prohíba las prácticas de conversión y las intervenciones médicas innecesarias a personas intersex.
- Acceso al derecho a la educación con enfoque en derechos humanos, que prohíba y prevenga la discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad corporal. Con énfasis en una educación sexual integral que prevenga y atienda la violencia sexual contra niñez LGBTIQ+.
- Reconocimiento del derecho a la identidad para personas trans en su diversidad a través de una ley integral que reconozca la identidad, expresión y diversidad corporal, siguiendo los estándares internacionales.
- Prevención, atención integral, sanción y reparación de los actos de discriminación y violencia por orientación sexual, identidad de género y diversidad corporal contra personas LGBTIQ+.
- Acceso al derecho al trabajo digno, sin discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad corporal, con cupos laborales para personas trans.
- Inclusión de las personas LGBTIQ+ en los partidos y movimientos políticos y en los procesos electorales, a través de cuotas de participación.
- Lista de organizaciones afroperuanas: Ashanti Perú; Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP); Asociación Cultural Afro Bujama; Fuerza por la Paz; Amunetrap; Instituto Internacional de Investigaciones Afrodescendientes INAFRO; Escuela de Formación Virtual de Jóvenes Líderes Afroperuanos; Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – ASONEDH; Presencia y Palabra; Centro de Desarrollo Etnico; Arequipeños Afrodescendientes; Asociación Negra de Defensa y Desarrollo de la Mujer; Juventud Chinchana MARGARITA.
- Lista de organizaciones de mujeres: Adela Montesinos – Arequipa; Asociación Amar C; Asociación de Comunicadoras Sociales – Calandria; Asociación Kallpa; Centro de Investigación y Gestión – CIG Piura; Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”; Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivo – Promsex; Ciudad Activa; Ciudadanía Activa; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM PERÚ; Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP; Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP; Consejo Regional de la Mujer – COREMU Cajamarca; CPM Micaela Bastídas – Trujillo; Defensoras de la Vida y la Pachamama; En Movimiento; Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS); Federación de Comunidades Nativas Yaneshas – FECONAYA; Federación Nacional Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Perú – FENTTRAHOP; Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos – Fordes Arequipa; Grupo Género y Economía; Hiperderecho; Jurado Nacional de Elecciones; Madres en Acción; Marcha Mundial de Mujeres; Movimiento Manuela Ramos; Mujer Valiente / Sinchi Warmi; Ni Una Menos – Cusco; Organización de las Naciones Unidas; Organización de Mujeres Amazónicas Asháninkas de la Selva Central – OMIASEC; Paremos el Acoso Callejero; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD; R.P. M.; Red de Acompañamiento; Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú – SUTEP; Sonqo Warmi; Somos la mitad: Queremos paridad; Unión Europea; Vamos San Juan de Lurigancho.
- Lista de organizaciones LGTBIQ+: Más Igualdad; Fuerza No Binarie Perú; Presente; PROMSEX; Lesbianas Independientes Feministas Socialistas- LIFS; Familias por la diversidad; Empoderadxs; LIVRES – Perú; Orgullo Bi; Ser Transparente; Familias por la diversidad; Dignidad y derecho para el desarrollo; Rosa Rabiosa; Asociación de madres por la diversidad LGTB; Casa Trans Zuleymi; Visibilidad Trans Masculina; Red Peruana TLGB; Movimiento trans Arequipa; AUDESF; Fraternidad Trans Masculina; Asociación Civil Ángel Azul.
- Lista de organizaciones PCD: Foro Reflexión Perú; Coalición por la Salud Mental y Derechos Humanos; ADECEP; OMAPED HUARAL; Asociación Psico Inclusiva Kipu Llaxta; Organización de pacientes con hipertensión pulmonar LLAPAN KALLPA; ADCUM – Asociación de Desórdenes del Ciclo de la Urea y Metabólicas Perú; Asociación Miastenia Perú; Esperantra; Colectivo de negligencias médicas; Colectivo Nacional Yo Cuido; Equipo 21; Federación Peruana de Enfermedades Raras; Asociación Luchando contra Viento y Marea; Asociación Peruana del síndrome de Marfan; ADM Perú; Municipalidad Distrital de Quilmana; Asociación Peruana De Abogados con Discapacidad Visual; Distrofia muscular duchene; Asociación De Personas con Discapacidad «Todos Unidos en el Amor de Cristo»-SIMBILA-Catacaos; ADECEP Perú desarrollo y empoderamiento socioeconómico de poblaciones vulnerables; Mesa Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Comisión de Accesibilidad del Colegio de Ingenieros del Perú; Sociedad y Discapacidad – SODIS; Autismo Perú; CEMPDIS – Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad; Equidad; Fraternidad cristiana de personas enfermas y con discapacidad; Asociación de personas con habilidades diferentes Ángeles de luz de Chorrillos; Asociación Peruana de la Hemofilia; Federación Departamental de Personas con Discapacidad de Puno – FEDDIP; A11y Perú, comunidad inclusiva; ONG Cristales del Cielo Perú; Equidad.
- Lista de organizaciones de Pueblos Indígenas: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP; Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP; Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP; Confederación Nacional Agraria CNA.